Columna de opinión “Cuando detectar no basta”

La violencia en las comunidades educativas no es un fenómeno nuevo ni excepcional. Ha existido históricamente, con distintas expresiones e intensidades. Sin embargo, los lamentables y recientes episodios han instalado una sensación de urgencia que, si bien es comprensible, corre el riesgo de conducirnos hacia respuestas parciales.

En este contexto, la reciente promulgación de la nueva Ley de Convivencia Escolar que incorpora, entre otras medidas, la posibilidad de instalar pórticos detectores de metales refleja una tendencia conocida cuando enfrentamos casos críticos. Esto es, privilegiar herramientas de control y sanción como respuesta inmediata.

A este respecto, la evidencia disponible permite observar con mayor precisión dónde se encuentra hoy el principal desafío. Datos levantados durante 2025 por el programa Paz Educa de Fundación Paz Ciudadana, que cuenta con más de 20 años de trabajo en establecimientos educacionales del país, muestran que cerca del 60% de los adultos que trabaja en colegios declara contar con estrategias para identificar tempranamente a estudiantes con problemas de convivencia. A su vez, los estudiantes reportan niveles de inseguridad significativamente mayores que los adultos, con brechas cercanas al 20% .

Estas cifras son reveladoras. El eslabón débil no está en identificar el riesgo, sino en activar oportunamente respuestas adecuadas cuando este se manifiesta. Cuando los conflictos escalan o se vinculan a trayectorias más complejas, la escuela, por sí sola, no dispone de las herramientas necesarias para intervenir de manera eficaz.

Aquí emerge una dimensión estructural que la discusión pública aún no logra abordar con suficiente profundidad. La fragmentación del Estado frente a problemas complejos. La violencia escolar no es exclusivamente un problema educativo, en muchos casos, se trata de la expresión temprana de trayectorias de riesgo que requieren una respuesta intersectorial coordinada entre educación, salud, protección social y, en algunos casos, seguridad. Sabemos que cuando esa coordinación no existe o lo hace sólo formalmente en un protocolo, los costos se trasladan a las propias comunidades educativas. Equipos directivos y docentes enfrentan situaciones que exceden su ámbito de acción y con herramientas limitadas. Los estudiantes, por su parte, ven cómo problemas detectados a tiempo no son abordados oportunamente, aumentando el riesgo de escalamiento.

Para avanzar se requieren al menos tres definiciones de política pública. Primero, fortalecer los mecanismos de derivación efectiva, asegurando que los establecimientos educacionales cuenten con vinculaciones hacia servicios especializados, particularmente en salud y protección de la infancia. Segundo, instalar equipos de gestión de la convivencia escolar con capacidades de articulación intersectorial. Tercero, priorizar intervenciones formativas basadas en evidencia dentro de las escuelas, orientadas al desarrollo socioemocional y la resolución de conflictos.

El desafío, en definitiva, no es optar entre control o prevención, sino comprender que las medidas de control, por sí solas, son insuficientes si no se fortalecen las capacidades estructurales del sistema para anticiparse y responder.

Si el país quiere tomarse en serio la violencia escolar, el foco no puede limitarse a la reacción, sino que debe incorporar la construcción de una institucionalidad capaz de actuar a tiempo.

Gayle MacLean

Directora de Justicia y Prevención

Fundación Paz Ciudadana

“Esta noticia ha sido producido con la asistencia financiera de la Unión Europea. El contenido del mismo es responsabilidad exclusiva de Fundación Casa de la Paz y Fundación Paz Ciudadana, y en ningún caso debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea”.